Para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras.

Se plantea por ello una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. Se basa en la digitalización de los servicios y del funcionamiento de la Administración, y la transición energética de la infraestructura y parque público, por su efecto arrastre sobre el resto de la economía. La reforma del sistema de administración de justicia, para dotarla de mayor eficiencia y eficacia, será prioritaria.

También la necesidad de participar más activamente en un sistema de investigación paneuropeo más sólido. El retroceso en la inversión en I+D e Innovación durante los últimos 15 años, junto al efecto de la crisis, que acelerará la obsolescencia de parte del tejido productivo, exigen la introducción de medidas contundentes de reconstrucción y reforzamiento del sistema de ciencia e innovación, con un refuerzo de la investigación básica y de la innovación, desde la modernización de los procesos productivos mediante la incorporación de tecnologías ya existentes hasta la innovación incremental y el aumento de los activos inmateriales y, finalmente, el lanzamiento de procesos de innovación verdaderamente disruptiva con una perspectiva de futuro. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fortaleza del sistema público de salud de nuestro país, pero también ha expuesto los retos y dificultades a los que se enfrenta a la hora de abordar situaciones que requieren anticipación, respuesta rápida y coordinación en cada territorio y con el resto del país. Por ello se plantea el reforzamiento de sus capacidades en varios ámbitos clave para responder a las necesidades del futuro.

Es preciso abordar mediante el diálogo social un conjunto de reformas que aborden la dualidad y resuelvan los desequilibrios arrastrados del pasado. Además, la pandemia ha demostrado la necesidad de reforzar la economía de los cuidados, desde la atención a las personas dependientes o vulnerables, al cuidado de nuestros mayores, que se han visto expuestos de manera más importante a lo peor del virus. En este contexto, es imprescindible articular un plan específico que vuelva a situar a las personas en el centro de la economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada generación al conjunto de la sociedad y asegurando que nadie queda atrás ni al margen de la sociedad, y valorando adecuadamente las tareas de cuidados y de asistencia social, así como el potencial de generación de empleo que ello supone en todo el territorio.

El aumento del gasto público y de la deuda pública resulta inevitable y está cubierto por los mecanismos extraordinarios de flexibilidad previstos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, la sostenibilidad financiera a medio plazo requerirá, cuando se recupere un crecimiento lo suficientemente vigoroso, retomar la senda de reducción de los desequilibrios fiscales, sin poner con ello en riesgo la continuidad de las inversiones necesarias para que dicho crecimiento sea sostenible, mediante la recuperación, la transformación y resiliencia de la economía española. Igualmente, el sistema de pensiones recobrará su naturaleza de elemento central de nuestro estado de bienestar mediante la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones y asegurando su suficiencia. La lección de la anterior reforma fallida es que reformas del sistema de pensiones desequilibradas y carentes de consenso no son sostenibles en el tiempo. Por ello, bajo el mandato del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones se han vuelto a aprobar con amplia mayoría después de diez años, el Plan recoge la adaptación de algunos de sus elementos a las circunstancias demográficas que compartimos con el resto de países europeos de manera que se garantice su sostenibilidad fiscal durante la etapa de transición que se abre con la jubilación de la generación del baby boom. Numerosos son los informes que señalan las carencias que el sistema fiscal español ha ido acumulando a lo largo del tiempo. España tiene una ratio ingresos/PIB inferior a la media europea, un elevado peso de la imposición sobre el trabajo y un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental. También se ha venido señalando la baja recaudación por el IVA debido al elevado uso de tipos superreducidos y la necesidad de abordar el persistente déficit del sistema de pensiones. Finalmente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado distintas revisiones de gasto (spending reviews) entre las que destacan la relativa al amplio universo de bonificaciones y deducciones en el impuesto de sociedades, así como las relativas a los incentivos a la contratación. La modernización del sistema fiscal requiere de un análisis profundo de las distintas figuras impositivas, del universo de bonificaciones, y de las mejores prácticas internacionales. Con el fin de analizar las distintas opciones y elevar propuestas de reforma, se establecerá inmediatamente un Grupo de Expertos para la reforma fiscal.